Es público y notorio que la Sra. asambleísta Miryam González -atendiendo a la norma expuesta en el artículo 232 de la Constitución 2008- debiera abstenerse de ejercer cualquier tipo de influencia en los procesos de fortalecimiento de la institución, pero al parecer es mucho pedir: de por medio se afecta el bolsillo familiar de la Sra. asambleísta, y eso se antepone a todo.
Sin embargo, cabe aclarar que el 27-05-2016 ya se informó a Fiscalía sobre el proceso de "tráfico de influencias" denunciado por la CIFI - UNL de Tomás Sánchez, en donde se expone lo siguiente:
También la Presidente de la Asamblea Nacional fue informada el 29-07-2016 sobre los pormenores de la participación de los asambleístas Farfán y González en el proceso de Intervención, participación que tiene indicios de ser del todo fraudulenta por las pruebas adjuntadas: audio, visto bueno, certificados de consanguinidad, entre otros. Sucede que es común que Villacís involucre a los familiares de las autoridades para luego detentar ante todos impunidad.
Al parecer todas estas denuncias no tienen eco para el Presidente Raúl Abad. En la última reunión de CECCYT en febrero 2017, insinúo que no había ningún problema si habían asambleístas con relaciones de consanguinidad o afinidad (de las que establece la ley para evitarlas) con personas de las Universidades que están siendo fiscalizadas. Así lo dijo y hay un audio que lo comprueba. Nadie de esta Comisión ha sido capaz de superar el espíritu de cuerpo. Sin embargo, las autoridades electas del CAS-UNL han presentado una nueva petición a Abad:
Con todo esto nos preguntamos: ¿Qué hace al Rector tan impune, que hasta la Asamblea lo protege? Algo muy grave hay por debajo...
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