Primer
indicio: vinculación de familiares del
miembro del CES Marcelo Cevallos Vallejos, en el tiempo de disolución del
cogobierno UNL en el año 2012,
disolución que él reconoció. Desde entonces no existe cogobierno en la Universidad,
pero la hermana y la suegra de este funcionario fueron casualmente contratadas
por Villacís para que trabajen en los planes de contingencia. Pero ¿qué dice la
Ley (LOES) sobre el cogobierno?:
Art. 45.- Principio
del Cogobierno.- El cogobierno es parte
consustancial de la autonomía universitaria responsable. Consiste en la
dirección compartida de las universidades y escuelas politécnicas por parte de
los diferentes sectores de la comunidad de esas instituciones: profesores,
estudiantes, empleados y trabajadores, acorde con los principios de calidad,
igualdad de oportunidades. alternabilidad y equidad de género.
Aquí cabe la
primera pregunta para todas las autoridades: ¿Porqué se ha mantenido a la UNL
en tal situación, a sus “autoridades” inescrupulosas y negligentes en el poder,
y por qué se permite la vulneración de los derechos fundamentales de
estudiantes, docentes y trabajadores? #1
Pero más
allá de las causales de Intervención que tuvo la UNL, cabe preguntarse ¿Por qué
razón la nueva directiva del CES entrante (bajo la dirección de Enrique Santos
Jara) decidió desconocer todo el seguimiento que llevó a cabo el mismo
organismo al proceso de intervención de Sánchez Jaime, y por qué razón lo satanizó?
#2
Quizás existan varias razones:
a) Se pretende beneficiar a otras instituciones de Educación Superior de la
región, con el cierre de la UNL; b) La pugna política del nuevo titular del CES
contra Grijalva (ex miembro del CES) tenía en la UNL el “chivo expiatorio” para
denigrar su gestión, ya que Tomás Sánchez mantenía una afinidad con éste, y
además, Grijalva era monitor de la Intervención de Sánchez; c) Se pretendía el control político de la
UNL, y de no ser el caso, su cierre; d) La poca o nula ejecución presupuestaria
de la UNL podría estar encubriendo el desvío de los recursos de la Universidad
hacia otros menesteres; d) Al alcalde Castillo le convenía la UNL bajo el
manejo de Villacís y también presionó para la salida de Sánchez Jaime.
El cambio del interventor
Sánchez por Medina además tuvo serias connotaciones: i) Se hizo cuando ya había finalizado (luego de tanto sabotaje) el
Concurso de Méritos y Oposición (y
después de 22 años de no realizarlo con el fin de controlar y manipular a los
docentes mediante el contrato anual), situación que suponía el ingreso de 222
docentes titulares; ii) El cambio de
comisión fue justificado tibiamente por el CES aduciendo el incumplimiento por parte de
Sánchez de una orden verbal (la de suspender el acto de posesión de los 222 docentes luego de que los
participantes ya habían renunciado a sus trabajos) y cuando se había llamado a
un Referéndum Revocatorio del “dúo” Villacís-Reyes; iii) El cambio de CIFI UNL se lo hizo justo a inicios del ciclo
académico y ante el cierre del año fiscal, lo que nuevamente ratifica la
hipótesis de que a alguien le resulta favorable no ejecutar el presupuesto… el sabotaje cómplice del CES a la entrada de docentes es un error garrafal
QUE ESTÁ PESANDO HASTA EL DÍA DE HOY y se evidencia notoriamente en la falta de
docentes, cosa que a su vez origina irregularidad en las clases.
Cabe recordar que la “Nueva
Intervención” está viciada desde el principio: a) El Interventor Medina no cumple con requisitos según el
Reglamento de Intervención, y aduce desvergonzadamente que una transitoria de
la LOES lo ampara; b) además de
ello, tanto su hermana como cuñado estaban participando en el concurso, y
perdieron; c) El jurídico de la
“Nueva CIFI”, Leofrey Pontón, también participó en el concurso, perdió, y venía
de ser separado de Contraloría. Si sumamos el hecho de que Cevallos, nuevo
monitor de la Intervención, también tenía conflicto de intereses, la elección
de estos “cuadros” configuran un organismo poco confiable y “hecho para fallar”.
¿Cuándo se da la suspensión
y quienes son sus responsables directos? #3
Art. 200.- De la suspensión.- La suspensión
implica el cese total de actividades de la universidad o escuela politécnica y deriva del resultado del proceso de
intervención cuando a partir de éste, no se han identificado condiciones
favorables para su regularización.
Si la Intervención de Sánchez
– González tenía un cumplimiento mayor al 80% según el plan, y se requería
únicamente la posesión de los docentes nuevos para conformar el nuevo OCAS con
una planta docente renovada; y además, estaba prevista la salida del binomio
Villacís – Reyes a través de referéndum, la suspensión del Concurso y de la 1era CIFI mediante
dudosos fundamentos jurídicos y lógicos, supone el debilitamiento del proceso
de Intervención UNL y configura el terreno preciso para SUSPENDER una Universidad que es icónica para la memoria lojana.
Por esto declaramos responsables directos de la
debacle de la UNL, además del Rectorado, al grupo “Nueva Universidad” y a ciertas
facciones del FIU que solo buscan puestos y privilegios, al monitor Marcelo Cevallos Vallejos, al
presidente del CES, Enrique Santos Jara,
al procurador del mismo, Mauricio Suárez
Checa (que detuvo cuanto pudo procesos de sanción contra este nefasto rectorado);
y al interventor Jaime Medina Sotomayor,
tanto por su incapacidad como por su falta de idoneidad para el puesto
encomendado.
Tampoco hay que olvidar un asunto no menos grave y que involucra a los asamableístas de Loja por AP, Richard Farfán y Miriam González (esposa de un ex-director de área UNL, César León, uno de los causantes del cierre del CUDIC), ambos denunciados por "tráfico de influencias", gente que en lugar de legislar para reducir los vacíos de la LOES, se dedicaron a desligitimar el proceso de intervención... El espíritu de cuerpo en la Comisión de Ética del Movimiento AP ha sido más fuerte que su capacidad de autoregulación. El Asambleísta Farfan tuvo que pedir disculpas públicas por sus falsas acusaciones al Dr. Richard González y públicamente aceptó haber gestionado puestos en la UNL, cosa que es del todo inconstitucional.
Tampoco hay que olvidar un asunto no menos grave y que involucra a los asamableístas de Loja por AP, Richard Farfán y Miriam González (esposa de un ex-director de área UNL, César León, uno de los causantes del cierre del CUDIC), ambos denunciados por "tráfico de influencias", gente que en lugar de legislar para reducir los vacíos de la LOES, se dedicaron a desligitimar el proceso de intervención... El espíritu de cuerpo en la Comisión de Ética del Movimiento AP ha sido más fuerte que su capacidad de autoregulación. El Asambleísta Farfan tuvo que pedir disculpas públicas por sus falsas acusaciones al Dr. Richard González y públicamente aceptó haber gestionado puestos en la UNL, cosa que es del todo inconstitucional.
Que la memoria universitaria
los ponga en su puesto y recuerde por siempre su infamia.
¿Y contra cuáles "autoridades" marchaban? Click aquí |
#SuspensiónPlaneadaUNL
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